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Comunicado del Ayuntamiento de Mequinenza sobre la sentencia 183/2026 del TSJA relativo a la financiación por parte de la Comarca del Bajo Cinca del equipamiento de la Residencia de Personas Mayores y Centro de Día “Magda Godia”
El consistorio “respeta la sentencia", que desestima las pretensiones planteadas, y destaca que esta "reconoce la existencia de expectativas legítimas y compromisos políticos de financiación para el equipamiento, evidenciando la falta de voluntad para atender la petición retrasando su puesta en marcha en perjuicio de usuarios y familias”
COMUNICADO
Comunicado del Ayuntamiento de Mequinenza sobre la sentencia 183/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativo a la financiación por parte de la Comarca del Bajo Cinca del equipamiento de la Residencia de Personas Mayores y Centro de Día “Magda Godia”
El Ayuntamiento de Mequinenza manifiesta su respeto institucional hacia la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el recurso presentado contra el Presupuesto General 2024 de la Comarca del Bajo/Baix Cinca y la financiación del equipamiento de la Residencia de Mayores y Centro de Día “Magda Godia”, valorado en 640.000 euros.
Desde el principio de legalidad y desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales, el Ayuntamiento considera no obstante que la propia sentencia, que desestima las pretensiones planteadas, recoge elementos relevantes que evidencian la existencia, al menos, de expectativas legítimas y de una voluntad política e institucional mantenida durante años en torno a la colaboración de la Comarca en la financiación del equipamiento y puesta en marcha de la residencia.
La resolución reconoce expresamente la existencia de “expectativas razonables” de financiación, así como la aprobación en 2023 de una modificación presupuestaria de dos millones de euros destinada a residencias, en un contexto en el que la residencia de Mequinenza fue objeto de debate específico y reiterado en distintos órganos y reuniones institucionales.
El Ayuntamiento entiende que durante años existieron actuaciones, manifestaciones públicas, acuerdos presupuestarios y conversaciones institucionales que permitían interpretar de forma razonable la existencia de un compromiso de colaboración entre administraciones para culminar un proyecto estratégico para todo el Bajo Cinca. Considera igualmente discutible que parte de la fundamentación de la sentencia incorpore valoraciones relacionadas con el contexto político, cambios de posicionamiento, debates internos o la actitud mantenida por distintos responsables institucionales a lo largo del procedimiento.
A juicio del Ayuntamiento, el análisis jurídico de una cuestión de esta relevancia debería centrarse principalmente en los efectos jurídicos objetivos de las actuaciones administrativas realizadas, en el alcance legal de los acuerdos adoptados y en los compromisos institucionales generados entre administraciones públicas. En este sentido, el Ayuntamiento entiende que determinadas conclusiones de la resolución presentan un componente valorativo que podría ser objeto de interpretación y análisis jurídico adicional en posibles futuras actuaciones procesales.
La sentencia adopta finalmente una interpretación estrictamente formalista, al considerar que no existió un acuerdo jurídico expreso y vinculante que obligara a la Comarca a asumir dicha financiación. Sin embargo, el Ayuntamiento considera legítimo defender que los principios de confianza legítima, cooperación institucional y lealtad entre administraciones públicas también deben inspirar la actuación pública, especialmente en proyectos sociales de interés supramunicipal como la Residencia “Magda Godia”.
Asimismo, el Ayuntamiento considera relevante que la propia sentencia no niega la existencia de contactos, negociaciones o debates sobre la financiación, sino que centra su decisión en la inexistencia de un reconocimiento administrativo formal definitivo. No obstante, entiende que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no exige siempre la existencia de un contrato o convenio formal para apreciar la concurrencia de principios como la confianza legítima, especialmente cuando existen actuaciones reiteradas, compromisos públicos y decisiones administrativas capaces de generar expectativas razonables entre administraciones públicas.
Además, considera igualmente discutible que la sentencia identifique la titularidad municipal de la residencia con la inexistencia de una posible financiación por parte de la Comarca. Jurídicamente, ambas cuestiones no son incompatibles, ya que una infraestructura de titularidad municipal puede recibir financiación parcial de otras administraciones, especialmente cuando presta un servicio de carácter supramunicipal o comarcal.
El hecho de que la Residencia y Centro de Día “Magda Godia” forme parte del patrimonio municipal no impide, en modo alguno, que pudiera existir una colaboración económica institucional para su equipamiento y puesta en funcionamiento, atendiendo al interés general y al servicio que presta al conjunto del territorio. Cuestión que, al margen del fallo, pone de manifiesto que no existió voluntad política alguna en atender ese interés general, lo que ha provocado el retraso de al menos un año en su puesta en marcha efectiva con el consiguiente perjuicio para los usuarios y sus familias.
La Residencia y Centro de Día “Magda Godia” es una infraestructura esencial para garantizar servicios dignos y de proximidad a las personas mayores no solo de Mequinenza, sino del conjunto del territorio, y el Ayuntamiento seguirá trabajando desde el diálogo institucional, el rigor jurídico y la defensa del interés general para asegurar su plena consolidación y funcionamiento.
Habrá quien pretenda celebrar esta resolución judicial como una victoria política y es más bien todo lo contrario. Conviene no olvidar que las residencias no entienden de siglas ni de estrategias partidistas, entienden de cuidados, de dignidad y de acompañar a las personas en una etapa especialmente vulnerable de su vida. Por eso cuesta comprender y muy difícil de explicar a nuestros mayores que se haya decidido dar la espalda a un proyecto que ya es una realidad y que está pensado para garantizar bienestar, cercanía y tranquilidad a tantas familias de Mequinenza y de toda la comarca.
Los servicios jurídicos municipales analizarán ahora en profundidad la resolución judicial y las posibles vías legales existentes dentro del ordenamiento jurídico vigente.
El Ayuntamiento de Mequinenza reafirma finalmente su compromiso con la defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas, siempre desde la responsabilidad institucional, el respeto a la legalidad y la colaboración entre administraciones públicas.
